Trayectoria

El Consejo nació de una constatación compartida por quienes peritan en América Latina: el dictamen psicológico se admite en juicio con exigencias muy distintas según el estado, el tribunal y la persona que lo firma. Frente a esa dispersión, un grupo de profesionales de la psicología, el derecho y los derechos humanos decidió construir un criterio común y someterse a él.

Año Hecho
2015 Constitución de COPSIFO A.C. como asociación civil.
2016 Expedición de las primeras certificaciones y apertura del registro de personas certificadas.
2017 Primera Convención Internacional de Buenas Prácticas en Psicología Forense, de acceso gratuito y con participación de personas expertas de distintos países que donan su tiempo.
2020 Cuarta Convención Internacional, en colaboración con el Instituto Nacional de Ciencias Penales, transmitida en abierto.
2026 Reestructuración del esquema de certificación y actualización del registro público.

Lo que se sostuvo · una convención abierta, cada año

La Convención Internacional de Buenas Prácticas se ha realizado sin costo desde su primera edición, con organizaciones aliadas de distintas regiones y con ponentes que participan de manera honoraria. Ha sido el espacio donde la comunidad forense latinoamericana discute método antes que autoridad.

Lo que se construyó · un registro de diez años

Cada credencial expedida desde 2016 quedó inscrita con su alcance y su vigencia. Ese registro es hoy el patrimonio del Consejo: la evidencia de que la certificación se otorgó, se venció y se renovó conforme a reglas conocidas.

Lo que cambia ahora · del reconocimiento al estándar publicado

El esquema vigente hasta 2026 acreditaba conocimiento especializado y sujeción al código ético. El nuevo esquema añade lo que faltaba: una guía técnica pública que fija el criterio antes de la evaluación, una rúbrica con la que se califica, y la resolución en manos de personas ajenas a la formación de quien se certifica.

Lo que permanece · la perspectiva de derechos humanos

Desde su origen el Consejo evalúa la práctica pericial desde los derechos humanos, el enfoque psicosocial y los estándares interamericanos. En el nuevo esquema deja de ser una orientación y se convierte en criterio de aprobación, con umbral propio.